La gestión 2016 se caracterizó por evidenciar un escenario internacional sumamente adverso para los países de la región. Dos elementos exógenos y externos caracterizaron esta gestión, primero, los bajos precios de las materias primas, fundamentalmente del petróleo que alcanzó el nivel más bajo en doce años de solo $us 26,2 el barril en el mes de febrero y, segundo, el efecto contagio de la crisis internacional a los países vecinos que se reflejó en la ralentización del crecimiento económico, inclusive con decrecimientos en algunas de las economías, con graves consecuencias sobre el empleo y otros indicadores sociales en esos países.
Ante estos sucesos, los países vecinos modificaron el rumbo de su política económica, por un lado, contrayendo el gasto público, eliminando subvenciones, privatizando empresas estatales, recortando las políticas sociales, despidiendo empleados públicos y, por otro, aumentando los ingresos a través de mayores impuestos, el alza de las tarifas de servicios básicos de gas y electricidad, entre otras medidas.
Cabe señalar que frente a este escenario tan adverso, una vez más los opinadores económicos vaticinaron el derrumbe de la economía boliviana en 2016, aduciendo que en los años de bonanza de los precios internacionales de las materias primas el gobierno nacional no hizo nada para enfrentar la crisis actual. Sin embargo, desde antes de 2005 nosotros ya anticipamos estas crisis, que no solo es la macroeconómica, sino también la climática, la hídrica, la financiera, entre otras, a las cuales denominamos como la crisis estructural del capitalismo. Es en ese marco que surge el actual Modelo Económico Social Comunitario Productivo boliviano en respuesta a estas crisis y que ha dado resultados positivos para las bolivianas y bolivianos.
Así, gracias a la nacionalización de los recursos naturales –una de las bases del modelo–, en los últimos once años el país acumuló importantes colchones financieros que ascienden a más de $us 13.200 millones, y que representan cerca del 40% del PIB. Asimismo, se generaron nuevas fuentes de ingresos con la creación de empresas públicas, que actualmente sostienen una parte importante del pago de los beneficios sociales como el Bono Juancito Pinto.
La inversión pública ejecutada en los últimos once años asciende a más de $us 29.500 millones, destinado a la mejora de la infraestructura caminera del país, con la construcción de dobles vías, asfaltados de caminos, entre otros, además de las inversiones en programas de agua y riego, como MIAGUA I, II, III y IV, y MIRIEGO que contribuyeron a aminorar los efectos de las sequias en algunas regiones del país e incrementar el rendimiento de los cultivos, además de dotar del elemento básico a las familias bolivianas, principalmente del área rural.
El impulso al crédito productivo y a vivienda de interés social, en el marco de la Ley de Servicios Financieros aprobada en 2013 –contraria a la antigua Ley de Bancos– fue otro factor de empuje al dinamismo de la economía boliviana. En 2016 los créditos del sistema financiero al sector productivo se incrementaron en más de 25% respecto a 2015 y los préstamos para la vivienda de interés social en 67%.
Estas y otras medidas permitieron al país obtener por tercera vez consecutiva, y cuarto año desde 2006, el mayor crecimiento económico de América del Sur, gracias a la aplicación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo que posibilitó mantener las políticas sociales e impulsar la inversión pública, potenciado aún más la demanda interna, el principal motor del desempeño económico boliviano.
En efecto, mientras otros países como Brasil y Argentina experimentaron crecimientos negativos (de 3,6 y 2,0% respectivamente), la economía boliviana mantuvo su dinamismo económico impulsado por el motor de la demanda interna, logrando un crecimiento del PIB de 4,3% en 2016, lo cual demuestra que la crisis no afectó significativamente al país, al menos no al bolsillo de las bolivianas y bolivianos. Una muestra de ello son los incrementos de los ahorros del público en el sistema financiero, que crecieron en 3,3% entre 2015 y 2016. Asimismo, el incremento en indicadores como las ventas facturadas en supermercados (5,4%); la venta de pasajes aéreos y carga (7,3%); el consumo de servicios básicos de electricidad, gas y agua (6,0%); y las ventas de cemento (8,4%), entre otros, respaldan estos resultados.
De igual manera, la tasa de desempleo mostró una importante disminución, pasando de 4,4% en 2015 a 4,1% al tercer trimestre de 2016. La continuidad de las políticas sociales, como las transferencias condicionadas en efectivo, el incremento salarial por encima de la tasa de inflación y el importante aumento del salario mínimo nacional, contribuyeron a reducir la pobreza y la desigualdad.
Estos y otros resultados, además de las políticas desarrolladas por el gobierno nacional en los últimos once años, son descritos en la presente Memoria de la Economía Boliviana 2016. La cual se constituye además en un informe de la gestión macroeconómica del país en el marco de la política de transparencia de la información de las finanzas públicas. Invito muy amablemente a todas las bolivianas y bolivianos, y al público en general, a conocer, analizar y profundizar los logros del actual Modelo Económico Social Comunitario Productivo.
Luis Alberto Arce Catacora
Ministro de Economía y Finanzas Públicas