En 2009, la solidez de la economía boliviana fue puesta a prueba por la crisis financiera internacional y las presiones inflacionarias, pero salió airosa. Sus efectos fueron mínimos en la economía boliviana debido al establecimiento de una política contracíclica de estímulo fiscal aplicada oportunamente. El Producto Interno Bruto (PIB) del país continuó con un crecimiento sostenido (3,4%), el mayor de Sudamérica por primera vez en la historia. El carácter expansivo de la política fiscal contribuyó a disipar el impacto de la crisis, el superávit fiscal pasó de 3,2% del PIB en 2008 a 0,1% en 2009 y pese al estímulo fiscal implementado, Bolivia fue la única economía que cerró la gestión con un resultado fiscal positivo, por cuarto año consecutivo.
Mientras la crisis afectó la demanda externa y el empleo en el resto de los países del mundo, la economía boliviana mantuvo saldos positivos en balanza de pagos y balanza comercial; las remesas de los trabajadores registraron una leve disminución de 6,8%, sin embargo, la cifra es mucho menor a la experimentada en países como Brasil (23,6%), México (15,7%) y Colombia (14,4%). En 2009, Bolivia registró una tasa de desempleo abierta de 6,8%, y junto al nivel consignado por México, 6,7%, se sitúan como los países con el menor desempleo en América Latina. Adicionalmente, y en un escenario adverso, las recaudaciones tributarias alcanzaron un nuevo récord: Bs. 30.571 millones.
Previamente, entre 2006-2008, la política fiscal fue orientada a la acumulación y ahorro de recursos para los períodos de crisis, la prioridad otorgada al gasto de capital y el control del gasto corriente brindaron el espacio suficiente para redireccionar las políticas fiscal y de endeudamiento público hacia un manejo sostenible de la deuda, impulsar el desarrollo de la economía nacional e implementar medidas sociales redistributivas del ingreso en beneficio de la población desprotegida y más vulnerable.
La solidez de la economía nacional, consolidada en las tres gestiones anteriores, fortaleció la posición externa del país. La acumulación de reservas internacionales, los continuos superávits en cuenta corriente y la reducción de deuda externa, entre otros, redujeron la vulnerabilidad de la economía boliviana frente a choques externos. La estabilidad cambiaria dio continuidad al proceso de bolivianización y generó un ambiente de certidumbre en la economía y en el sistema financiero, frente a la elevada volatilidad registrada en los países vecinos.
Las operaciones del sistema financiero registraron nuevos récords, los depósitos alcanzaron $us 8.498,3 millones y los créditos llegaron a $us 5.393,6 millones, por encima de los $us 542,2 millones la cifra récord registrada en 1998, sin requerir de un proceso de capitalización de las empresas bolivianas estratégicas.
Las medidas implementadas para “bolivianizar” el sistema financiero redujeron la posición en moneda extranjera de activos y pasivos del sistema, mitigaron la vulnerabilidad de entidades financieras al riesgo cambiario. El porcentaje de depósitos en moneda extranjera disminuyó de 84,4% en 2005 a 52,8% en 2009, y cerca de $us 1.245 millones fueron depositados en moneda boliviana, mientras que el de créditos se redujo de 92,0% a 60,0%, entre 2005 y 2009. El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) generó y mantuvo cerca de 383.816 empleos y otorgó créditos productivos por $us 165,2 millones hasta 2009. La solidez de la economía nacional y la confianza del sector privado en el contexto económico, además del dinamismo del crédito, permitió la creación de 7.048 empresas en la gestión.
Los efectos de la crisis internacional sobre la demanda externa fueron mínimos, si bien la disminución de las exportaciones fue cercana a 22,6%, producto de la menor demanda de gas natural por parte de Brasil, principalmente, el valor de éstas, excluyendo hidrocarburos, registró una disminución de sólo 4,9%. También se enfrentó la negativa de Estados Unidos a las exportaciones bolivianas en el marco del ATPDE (Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas) a pesar de sus restringidos efectos, el Gobierno Nacional estableció medidas para resguardar al sector, como la creación de un fondo inicial de $us 10 millones, se abrió el mercado venezolano como alternativa al estadounidense, y se crearon instrumentos temporales de financiamiento de pago de aranceles de empresas legalmente establecidas que realizaron operaciones en el marco del ATPDEA.
Los organismos internacionales como el FMI, BM, BID y CEPAL, elogiaron el adecuado manejo macroeconómico de país, calificaron de acertada y prudente la política económica implementada por el impulso fiscal aplico en un contexto de crisis internacional. Asimismo, las calificadoras de riesgo crediticio Fitch Rating y Moody's, reconocieron la conducción de la política económica durante la crisis, la acumulación de reservas internacionales y el manejo del endeudamiento público, y subieron la calificación de riesgo soberano de a economía boliviana de "B-" a "B" y de "B3" a "B2, respectivamente, ambas con perspectiva estable, reconocimiento que posiciona al país en mejor situación para la inversión y beneficia adicionalmente a emisores locales. Esta mejora en la calificación de riesgo contrasta con las persistentes disminuciones aplicadas por esas calificadoras durante el período neoliberal.
Desde 2006, se asumieron medidas para fortalecer la posición fiscal, las necesidades de endeudamiento público fuero significativamente menores y no se dirigieron a financiar déficits Fiscales, a menor participación de la deuda denominada en moneda extranjera y a disminución de la deuda de corto plazo, redujeron la exposición al riesgo del endeudamiento del Tesoro General de la Nación (TGN) y contribuyeron a la profundización del proceso de bolivianización y al manejo sostenible de una enorme deuda interna heredada de los gobiernos neoliberales.
La menor vulnerabilidad fiscal proporcionó el espacio suficiente para la implementación de una política contra cíclica, contribuyendo a la estabilidad macroeconómica, priorizando la inversión pública y medidas de política social de redistribución de ingresos que ayudaron a mitigar los posibles impactos sobre a población más desprotegida. La nueva política económica establece a la política fiscal como un instrumento para el desarrollo de la economía nacional y como un mecanismo redistributivo de los ingresos estableciendo una nueva etapa para la política fiscal en el muevo Estado Plurinacional.
La política de protección social contribuyó sustancialmente en la disminución de los niveles de pobreza, así, la pobreza moderada descendió de 59,3% en 2008 a 58,3% en 2009 y la extrema de 32,7% a 31,9%. La continuidad de las transferencias condicionadas en efectivo permitió que más el 27% de la población boliviana se beneficie con el Bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad y el Bono Juana Azurduy. El incremento del salario mínimo superó el 12%, en 2009, al igual que el correspondiente a los sectores de FFAA y Policía Nacional, mientras que para educación y salud se incrementó en 14% Unas 136.672 personas se beneficiaron con el Programa Nacional de Post Alfabetización y 655.596 con la Tarifa Dignidad, entre otras medidas orientadas a proporcionar servicios e infraestructura de educación y salud, servicios básicos, vivienda, entre otros.
El impacto de la crisis internacional sobre la economía mundial y latinoamericana fue determinante en la gestión 2009, no obstante, Bolivia destacó en la región por ser el país con la aplicación de políticas económicas más eficaces, por la solidez macroeconómica y el reconocimiento internacional de sus resultados frente al crisis. Pero el adverso contexto externo, no fue el único desafío que superó la economía boliviana, el éxito de las medidas de política fiscal, monetaria, cambiaria, de control de algunos precios de alimento, prohibición de exportaciones de productos alimenticios en función de la satisfacción de la demanda interna, incentivo estatal a la producción de alimentos y otras medidas implementadas por el Gobierno Nacional para controlar las presiones inflacionarias y la especulación en el abastecimiento de productos alimenticios en el mercado interno, determinaron que el año 2009 cierre con una inflación de apenas 0.26%, un logro no observado en más de 40 años.
Luis Alberto Arce Catacora
MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS